«Dar acceso a la educación es una convicción y una responsabilidad de quienes ocupamos cualquier cargo público. Debemos garantizar el derecho a ejercerla, a vivirla, a disfrutarla y gozarla plenamente. Son derechos de todas las personas», señala el profesor Alfonso Cassiani, al hablar de aquello que le inspiró a abogar por la integración de la juventud y la niñez refugiada, desplazada y retornada en las escuelas de Cartagena.
Alfonso, nacido en San Basilio de Palenque, una comunidad afrocolombiana en Bolívar, Colombia, vivió el desplazamiento de sus padres, los cuales experimentaron el racismo y discriminación por su afrodescendencia. Como estudiante, enfrentó desafíos similares. Su experiencia le hizo comprender las dificultades de los jóvenes refugiados y desplazados en la educación.
Con más de 30 años de experiencia docente, actualmente es el rector de la Institución Etnoeducativa e Inclusiva Antonia Santos en Cartagena, y defensor de la inclusión de personas desplazadas en el sistema educativo en Colombia. Supervisa cuatro sedes escolares que abarcan desde prescolar hasta secundaria, con más de 2,300 estudiantes, un 30% de los cuales son desplazados.
El profesor Alfonso destaca la importancia de los derechos inherentes de todos los estudiantes, incluyendo niños y jóvenes. En 2019, con la llegada de personas refugiadas, migrantes venezolanas y colombianas que retornaban de Venezuela, se enfrentó al desafío de garantizar el acceso a la educación para todos estos desplazados. Considera que esto no es un favor, sino un derecho fundamental.
Para abordar esta situación, se estableció el proyecto de Pedagogía y Protección para la Niñez Refugiada y Migrante con Enfoque Mixto (PPN) en colaboración con ACNUR y Opción Legal. Este proyecto busca crear entornos inclusivos y mejorar el acceso, permanencia y continuidad educativa de niños y adolescentes refugiados, migrantes y retornados. Este proyecto ha logrado adaptar planes de enseñanza y fomentar la inclusión e interculturalidad en las escuelas, mejorando la calidad educativa y promoviendo la retención escolar.
La maestra de inglés (desde hace 18 años) Astrid destaca que el proyecto ha ayudado a fomentar el respeto por la interculturalidad y a superar barreras sociales y culturales en el aula de clases, fortaleciendo las relaciones interpersonales entre los estudiantes.
Soluciones para el acceso a la educación y la inclusión
Una de las beneficiarias del proyecto es la Institución Educativa de Tierra Bomba en Cartagena, una isla en la costa caribeña de Colombia, con más de 1,000 estudiantes (en su mayoría afrocolombianos, retornados, desplazados internos debido al conflicto armado, refugiados y migrantes de Venezuela).
Astrid, desplazada en su niñez, atiende a más de 300 estudiantes en esta escuela y destaca el impacto transformador del proyecto en el sistema educativo al promover una mayor inclusión de estudiantes desplazados.
El profesorado ha utilizado la «Ruta Pedagógica», una guía proporcionada por ACNUR, para identificar las necesidades de las escuelas con más estudiantes refugiados, migrantes y retornados. Luego, han desarrollado planes de trabajo que incluyen actividades para mejorar la convivencia, programas académicos innovadores, influencia en políticas educativas, empoderamiento de la niñez refugiada y desplazada, y actividades comunitarias.
Estas actividades, como representaciones teatrales, siembra de árboles, limpieza de playas y actividades lúdicas, han fomentado la interacción entre los estudiantes y han reducido significativamente la xenofobia y la discriminación en el aula, creando un ambiente de enseñanza más armonioso y promoviendo el proceso de enseñanza de los docentes.
Desarrollando el potencial de estudiantes desplazados
Mariangelis, una estudiante de octavo grado originaria de Caracas, Venezuela, expresó su deseo de estudiar derechos humanos para abogar por la igualdad de tratamiento de refugiados y migrantes en otros países. Ella ha vivido en Colombia durante los últimos cuatro años, tres de ellos en Tierra Bomba, donde ha experimentado la amabilidad de la comunidad.
El proyecto PPN, desde 2019 hasta julio de 2023, ha impactado positivamente a más de 11,000 miembros de las comunidades educativas en Colombia, trabajando en nueve departamentos, atendiendo a más de 13,000 estudiantes, 8,000 familias y más de 300 instituciones educativas, además de capacitar a más de 8,000 personas en instancias educativas y colaborar con más de 500 funcionarios locales de las Secretarías de Educación.
Beatriz Cubillo
19 de noviembre 2023
